Declaración

Luego de más de tres siglos de lucha, las mujeres logramos definir una agenda política propia e instalar como tarea internacional el reconocimiento y cumplimiento de nuestros derechos basados en el sexo. La expresión máxima de ese consenso fue recogida por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), con   jerarquía constitucional en Argentina (art. 75, inc. 22, C.N.). Dicha Convención, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos consagraron los derechos de las mujeres en base al sexo, entendiendo por tal las características físicas y biológicas que distinguen a mujeres y varones.

La voluntad de respeto y vigencia de tales tratados obliga al Estado argentino a asegurar el pleno desarrollo y promoción de las mujeres; garantizar el ejercicio y goce de sus derechos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural; y modificar roles, comportamientos, actividades y atributos de género (ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de Género) que impliquen inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Por lo mismo, el Estado argentino está obligado a enmendar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que supongan discriminación contra las mujeres, así como a promover en ellas la conciencia de su dignidad y el valor inherente a su identidad sexuada.

Sin embargo, en el contexto político actual, tales derechos, garantías y libertades están siendo gravemente erosionados por la sustitución silenciosa ‒sin la debida información y debate público‒ de la categoría de “sexo” por la de “identidad de género”, y la extensión de los derechos de las mujeres a toda persona que se auto-denomine mujer. Esta sustitución de categorías desmantela las protecciones logradas por las mujeres y vulnera sus derechos y libertades en la medida en que: 1) trastoca las condiciones de paridad política y representación en cargos públicos, cupos laborales, becas o premios destinados a promover la equitativa participación de varones y mujeres; 2) adultera las estadísticas de violencia contra las mujeres, la tipificación de los femicidios y el relevamiento de datos desagregados por sexos; 3) supone la pérdida de espacios, instalaciones y servicios exclusivos de mujeres y niñas legislados a fin de proteger su integridad psicofísica, su privacidad y seguridad; 4) menoscaba el derecho a una competencia deportiva justa obligándolas a competir con el sexo masculino; y 5) distorsiona el sentido del lesbianismo redefiniéndolo a partir del género íntimamente sentido.

La homologación del sexo femenino con una identidad de género auto-percibida es hoy justificada por un constructivismo relativista radical para el cual el deseo y sentir individuales constituyen el único fundamento del “ser mujer”, independientemente de la realidad material y objetiva del cuerpo sexuado, y de la unidad bio-psico-social de las personas. Esta ideología subjetivista, que se hace pasar por la última vanguardia en materia de inclusión y ampliación de  derechos, se ha instalado en los organismos públicos, las instituciones académicas, la agenda de género y diversidad, la educación sexual y los medios de comunicación masivos. Paralelamente, se han silenciando las voces disidentes mediante una campaña de odio, abusiva y descalificadora, que incita a la violencia y apunta al disciplinamiento ideológico de la sociedad en su conjunto. El silencio forzado de las mujeres y sus reclamos, además de ser una práctica fundamental del patriarcado, viola los artículos 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho incluye la liberad de las mujeres a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por vía oral, escrita, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y en el espacio público.

La agenda cultural de este relativismo constructivista es fuertemente impulsada por el capitalismo neoliberal, cuyos fines de rentabilidad sin límite presionan por convertir a las personas en empresas y a sus propios cuerpos en capital subjetivo comercializable. Paradójicamente, algunos sectores que se dicen progresistas asumen los mismos supuestos del individualismo neoliberal para justificar la libertad individual de auto-explotarse, como en los casos de la prostitución o los vientres de alquiler; o legitimar políticas identitarias que vulneran los derechos humanos universales de mujeres, niñas y niños. En tales términos, la alianza entre constructivismo cultural y neoliberalismo globalizado ha vuelto a instalar la explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas bajo los eufemismos de “trabajo sexual”, “maternidad subrogada” o “cuerpos gestantes”. 

La mercantilización sexual a través de redes de trata, proxenetismo y pedofilia es constitutiva del sistema patriarcal, y alcanza hoy las dimensiones de una industria global, con alrededor de 4.000.000 de mujeres y niñas ingresadas anualmente a la prostitución que constituyen el 98% de las víctimas de trata. Asimismo, la práctica del alquiler o préstamo altruista de vientres reduce a las mujeres a meros dispositivos gestantes a demanda de terceros, desconoce la relación materno-filial y viola el derecho a la identidad de los niños y niñas nacidos y entregados, víctimas de esta forma de trata. Una sociedad democrática que propicie la igualdad entre los sexos y la dignidad humana no puede avalar ‒en nombre de la libertad de comercio individual‒ prácticas deshumanizantes de sus ciudadanas y ciudadanos. Tampoco debería un país como Argentina, pionero y ejemplo mundial en la lucha por el derecho humano a la identidad, desconocer el avasallamiento al mismo que supone la práctica del alquiler o préstamo de vientres.

Por lo dicho, debemos recordar que los derechos de las mujeres son derechos humanos garantizados constitucionalmente, razón por la cual no pueden ser conculcados por ninguna legislación ulterior. Las mujeres no somos ni una minoría cultural, ni una identidad de género más, ni sujetes parlantes neutres que se construyen a posteriori por prácticas socio-discursivas. Tal vaciamiento subjetivista de la materialidad de los cuerpos solo puede ser funcional a la distorsión política y jurídica de derechos ya adquiridos, con el fin de facilitar los intereses del mercado global. Por el contrario, las mujeres somos personas constitutivamente sexuadas y, en tanto que tales, sujetas políticas y jurídicas. Nuestra identidad sexuada implica una síntesis bio-psico-social y existencial, ninguna de cuyas dimensiones es independiente o reducible a la otra. Mujeres somos todas y cada una, en la diversidad de voces, contextos, expresiones y elecciones sexuales.

Ante la avanzada de un constructivismo relativista y neoliberal, hacemos un llamamiento colectivo a trabajar por visibilizar, concientizar y denunciar la violación de los derechos basados en el sexo de mujeres y niñas, implícita en la homologación de la categoría “mujer” con la “identidad de género” auto-determinada. Por tal motivo, reclamamos que el Estado argentino:

  1. Reconozca los derechos de las mujeres en base al sexo conforme con la legislación nacional e internacional, y tome todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos sociales y prácticas consuetudinarias basadas en la subordinación de las mujeres.
  2. Preserve la categoría de sexo “mujer” en todos los documentos públicos, y en la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados por sexo, único modo de visibilizar y reparar las desigualdades estructurales entre varones y mujeres.
  3. Garantice la paridad política, la igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres, y el establecimiento de cupos, espacios, instalaciones, servicios y actividades desagregados por sexo, tal como la ley lo instituye.
  4. Monitorice y juzgue la violencia sexual y femicida según el sexo del agresor, independientemente de su sentimiento de género.
  5. Radicalice y cumpla con las políticas abolicionistas contra el sistema prostituyente, la lucha contra la trata y la explotación sexo-reproductiva de mujeres, niñas y niños.
  6. Haga efectiva una educación sexual integral y pluralista fundada en conocimientos objetivos y científicos que den cuenta de la complejidad y diversidad de la sexualidad humana, y de la persona como unidad bio-psico-social y existencial.
  7. Asegure el respeto a la libertad de opinión, pensamiento, expresión y asociación, así como el derecho de las mujeres a discutir públicamente las políticas que les conciernen, libres de violencia e intimidaciones.
¡No hay democracia ni derechos humanos sin el reconocimiento de los derechos de las mujeres en base al sexo!

Somos un grupo compuesto por mujeres de diversas procedencias –activistas, intelectuales, trabajadoras, profesionales y estudiantes– que de manera voluntaria trabajamos por proteger y promover los derechos de mujeres y niñas en base al sexo.

Somos un grupo compuesto por mujeres de diversas procedencias –activistas, intelectuales, trabajadoras, profesionales y estudiantes– que de manera voluntaria trabajamos por proteger y promover los derechos de mujeres y niñas en base al sexo.